• Administrador

Atención a víctimas, dos pasos adelante y tres para atrás…

Mientras estados como Chihuahua reportan avances en la materia, a nivel federal se tambalea la CEAV, advierte Observatorio Ciudadano


El proyecto del organismo cívico, financiado por la Unión Europea, palomea a la entidad en diversos indicadores, pero insta al gobernador a otorgar más presupuesto a la Comisión Estatal

En medio del desmantelamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ante la intención del gobierno federal de recortar su presupuesto y la reciente renuncia de su titular; el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas alertó del retroceso que representaría y destacó los avances que en la materia, se han obtenido en estados como Chihuahua.

Asimismo, en Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Jalisco, donde sí se han creado instituciones de atención a víctimas, sí cuentan con fondos de asistencia y ayuda, y sí armonizaron su legislación, luego de la reforma a la ley general de 2017.

En el caso de Chihuahua, el Observatorio Ciudadano recomendó al mandatario estatal, aumentar el presupuesto.

http://www.derechosdelasvictimas.org.mx/situacion-por-estado-en-cuanto-a-derechos-de-las-victimas/zona-norte/chihuahua/

“Exhortamos al gobernador Javier Corral Jurado a aumentar los recursos financieros para la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y, para el monto del Fondo Estatal de Asistencia, Ayuda y Atención a Víctimas, lo anterior para asegurar el acceso de las víctimas del fuero común de Chihuahua a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral previstas en la Ley Estatal de Víctimas”.

El organismo cívico, coordinado por Jeremy Renaux, palomeó el nombramiento de Irma Villanueva en la CEAVE, la estructura de asesoría jurídica, la conformación de un consejo ciudadano, el registro estatal de atención a víctimas, la disponibilidad de presupuesto, el fondo estatal de ayuda, asistencia y reparación integral, así como la página web.

Sin embargo, se estableció que aún es largo el camino por recorrer en las 32 entidades federativas para que los derechos humanos sean práctica común.

El Observatorio Ciudadano, conformado por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas interesadas en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas en México, está a cargo del proyecto “Lucha contra la impunidad para casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México y Colombia”, financiado por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea.

En esa cruzada, se ha conformado una valiosa base de datos y dado seguimiento a la incidencia de delitos, así como a los protocolos policíacos y judiciales, que en la generalidad dejan en la indefensión a las víctimas.

El organismo concluyó que de hecho, la mayoría de las personas afectadas por delitos en el país representan casos del fuero común y por ello, debieran ser atendidas por instituciones estatales y resulta clave asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas en los estados y avanzar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas en la atención a las víctimas.

Apenas en noviembre pasado, el Observatorio Ciudadano expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis en materia de atención a víctimas y el aumento de delitos y violaciones a los derechos humanos en México, en contraste con una débil respuesta adecuada del Estado en sus tres niveles de gobierno.

De ahí, la urgencia de fortalecer el sistema en cada entidad al ser una responsabilidad compartida. “Una vinculación de todas las instancias responsables para atender este concepto de integralidad para la protección de las víctimas. Hay una responsabilidad de todas las instancias”, enfatizó Jeremy Renaux.

La Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013, estableció un conjunto de medidas en beneficio de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos para garantizar sus derechos, por ejemplo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

Las entidades federativas tenían la obligación de aprobar su propia ley local y crear una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, encargada de brindar ayuda a las víctimas, a través de medidas de apoyo médico, psicológico, jurídico y económico, entre otras.

CEAV, la propia víctima de la política

“A pesar de la existencia de una ley a nivel federal, el sistema de atención a víctimas no ha funcionado de conformidad con las atribuciones y capacidades que les fue conferida por Ley. Las víctimas y organizaciones de la sociedad civil que hemos solicitado el reconocimiento de víctima por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), identificamos la existencia de una profunda discrecionalidad, improvisación y burocratización de los procedimientos, entre otras limitaciones estructurales e institucionales”.

Así lo resumió el coordinador de Observatorio Ciudadano, al ponderar la carencia de una visión sensible de las instancias hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la ausencia de una línea institucional y una serie de inconsistencias hasta para fijar un plazo para la integración al Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

Ese escenario, puntualizó en su análisis el coordinador del organismo, ha generado una mayor vulnerabilidad de las víctimas, pues su inscripción a dicho registro representa un paso obligatorio para su acceso a las medidas de asistencia y reparación integral previstas en la Ley.

A partir de ahí, los procedimientos son poco transparentes, ineficaces, complicados, lentos, discrecionales y burocráticos, y obstaculizan el reconocimiento de su calidad de víctimas y, por lo tanto, su acceso al reembolso de gastos más inmediatos.

Y si a esa frágil estructura, en algunos casos incluso simulación de atención, se añade que en junio pasado, el gobierno federal anunciara que en el marco del plan de austeridad para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, prevé el recorte del presupuesto de la CEAV, la institución contará con menor capacidad para afrontar una problemática mayúscula.

Un aspecto que no es menor, dada la cantidad creciente de delitos y por lo tanto, de víctimas tanto las directas como los terceros afectados, lo cual forma cadenas de daños que atender y reparar; nada menos que el tejido social.

Un debilitamiento que se acentuó, con la renuncia de la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, precisamente el mes pasado cuando declaró que no había dinero ni para pagar la nómina.

Tras separarse del cargo, el 24 de junio, acusó la falta de apoyo institucional y económico por parte del gobierno federal, que ha querido hacer de este organismo, “un botín de intereses políticos”.

Seis días después, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio por terminada “la verdad histórica” del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, al señalar que no fueron quemados en un basurero de Colula, ni actuaron solos los miembros del cartel Guerreros Unidos y ya se giró la orden de arresto del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien huyó del país.

Así las cosas y la política con un caso mediático a nivel nacional e internacional, sin embargo, hay millones de casos que atender, enmendar, subsanar y reparar a lo largo de la República Mexicana, en lo cual ni Chihuahua, tampoco Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Jalisco están en la posición siquiera para echar campanas al vuelo.

21 vistas
No te pierdas ninguna de nuestras notas. ¡Suscribete ahora! Noticias Chihuahua

Solo registra tu correo electrónico.

© 2023 por GG Publicidad