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Campo Algodonero, un memorial de incumplimientos

En la conmemoración de 10 años de la sentencia de la CIDH contra el Estado mexicano, el balance es que la deuda sigue creciendo


A una década de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones por la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez; el fallo judicial no se ha cumplido.

En la plaza, que como memorial se construyó en 2011 precisamente donde se ubicaban los campos, se reunieron representantes de la Red Mesa de Mujeres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones para los Derechos Humanos en México.

El todavía presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado al Estado mexicano a revisar y dar cumplimiento a la sentencia del Campo Algodonero, la cual sienta las bases para construir los parámetros que permitan prevenir, investigar y castigar la violencia de género.

En el marco de la Recomendación General 40/2019 Sobre la Violencia Feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México, el ombudsman nacional destacó que para empezar, a la fecha no se ha homologado el delito de feminicidio en los códigos penales de las entidades federativas.

Tampoco hay una efectiva aplicación de los protocolos para investigar con perspectiva de género, en todos los casos.

En los resolutivos de la sentencia se incluía también, la atención física y psicológica que el Estado estaba obligado a otorgar a los familiares de las víctimas, lo cual no ocurrió y la mayoría de los padres de las mujeres asesinadas o desaparecidas ya murió, y los que quedan arrastran afectaciones en su salud; aún así algunos fueron al memorial.

Otro aspecto que la CIDH exigía al gobierno se refería a fortalecer las denuncias penales presentadas contra los servidores públicos que cometieron una serie de irregularidades en la tramitación del caso Campo Algodonero, y que además amenazaron a los familiares de las víctimas. Ningún avance.

Al respecto, el gobernador Javier Corral, quien acudió al evento, indicó que “Chihuahua tiene una deuda vitalicia y esto no se limita a los familiares, sino para la sociedad en general”.

Al apuntar que “estamos trabajando esforzadamente para el cumplimiento de los compromisos que por supuesto se mantienen latentes a diario”, el mandatario dijo que él y sus colaboradores escucharon algunas acciones y requerimientos, y se tomó nota de ello para asumir la agenda de retos y pendientes.

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