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COVID-19 los hizo sacar el cobre

Nuevo León es ejemplo a nivel nacional: López Gatell; Chihuahua es un caso de éxito: Corral Jurado


Para “El Bronco” el virus dicta qué hacer y no el presidente; para Corral es momento de unidad y coordinación con la Federación… A las cifras se remiten

Al comenzar el mes de mayo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y quien ha sido la cabeza de la estrategia nacional contra el COVID-19, destacó el control de contagios en dos de las tres principales zonas metropolitanas del país: Monterrey y Guadalajara, no así en la Ciudad de México.

Tras el reconocimiento en la efectividad del combate en los estados de Nuevo León y Jalisco, ese mismo día, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral dio a conocer que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) calificaba como un caso de éxito, las acciones emprendidas en la entidad.

Hoy en día, Nuevo León reporta 987 casos confirmados y 33 decesos, mientras Chihuahua registra 760 casos y 142 fallecimientos.

Un contraste diametral en la tasa de letalidad, que ya se había manifestado desde el 14 de abril pasado, cuando la Secretaría de Salud federal expuso que el índice nacional de 7.5 decesos debido al COVID-19 por cada 100 diagnósticos positivos, se duplicaba en cinco entidades de la República Mexicana: Chihuahua, Durango, Morelos, Michoacán e Hidalgo.

Si bien el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón contabiliza más casos, es un estado con mayor población (5.6 millones de habitantes) y aún así, tiene menos de la cuarta parte de muertes por coronavirus que Chihuahua, lo que lleva a la revisión de acciones emprendidas en cada entidad.

¿Qué hizo “El Bronco”?

Desde que comenzó la propagación del virus de Asia a Europa, Nuevo León comenzó a coordinarse con Coahuila y Tamaulipas, el 28 de febrero se diseñó un protocolo conjunto para enfrentar el coronavirus, ante la inminente llegada de la enfermedad al país.

Justo el día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del COVID-19, el 11 de marzo, Nuevo León registraba su primer caso importado, cuando ya había 11 infectados en el país.

Tres días después, con cinco casos, el gobierno de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, canceló eventos públicos masivos y contrató a la agencia McKinsey & Company para diseñar una estrategia centrada en la capacidad de generar una respuesta en el sistema de salud, tomar medidas en la cadena de suministro para el abasto de insumos y víveres, y la reactivación económica del estado.

Un proceso de planeación y movilización de recursos para atender la contingencia de salud y la económica para llevarse a cabo en 5 semanas.

Aun cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) no definía la suspensión de clases, en Nuevo León se hizo desde el 17 de marzo, así como el cierre de cines, casinos, restaurantes, bares, parques y centros sociales. El gobierno federal aplicó esa medida hasta el 30 de marzo.

Se suspendieron también trámites y servicios en oficinas gubernamentales y la entidad regiomontana estableció además, que cada viajero proveniente del extranjero que llegara al estado, debía aislarse durante 14 días. Después se aplicó a cualquiera que visitara la entidad.

El 22 de marzo, Rodríguez Calderón informó de la creación de un fondo de mil millones de pesos para enfrentar la contingencia tanto en el reforzamiento de infraestructura de salud, como en apoyos alimentarios y económicos.

De la mano del respaldo, se intensificó la campaña de quedarse en casa y el gobierno del Bronco recurrió al perifoneo en las calles y amagó con el uso de la fuerza pública para que la ciudadanía acatara el exhorto.

Así, Nuevo León cerró el mes de marzo con 76 casos confirmados de coronavirus y para comenzar abril, el mandatario regiomontano expuso que todos los gobernadores del país se habían puesto de acuerdo para frenar la producción y venta de cerveza debido a que, durante la cuarentena, podían surgir brotes de violencia doméstica.

Arrancaron los apoyos alimenticios para los grupos más vulnerables, en una acción coordinada entre gobierno e iniciativa privada para entregar insumos a más de 100 mil personas en algunos supermercados, a través de la dotación de tarjetas.

El 3 de abril, cuando se registró la primera muerte por el coronavirus en Nuevo León, se pactó un blindaje regional con Coahuila y Tamaulipas para frenar el turismo por Semana Santa y controlar el flujo de paisanos.

Enseguida se instaló el Centro Estatal de Contingencia COVID-19 y un par de días después, el 7 de abril se decretó el uso obligatorio de cubrebocas y el cierre de empresas con actividades no esenciales.

Mientras El Bronco dijo que analizaba imponer toque de queda en Nuevo León para que la gente no saliera de casa, se instalaron puntos drive-thru en la vía pública para realizar pruebas COVID-19 a personas con tos, fiebre o dolor de cabeza. A la par de colocar sanitizadores en puntos estratégicos.

Se fijó la meta de aplicar mil pruebas de detección del virus por cada millón de habitantes.

El 13 de abril, el gobernador regiomontano hizo una reunión virtual con sus homólogos fronterizos en México –incluido Javier Corral—, así como líderes texanos y representantes del gobierno federal de Estados Unidos, para diseñar una estrategia conjunta.

Además, se obtuvo asesoría de médicos coreanos mediante videoconferencias, que organizó el presidente del corporativo Kia Motors para enlazar al gobernador y el gabinete de salud con los expertos asiáticos.

Para reforzar la capacidad de detección, se anunció el proyecto Data Code para hacer encuestas telefónicas, llamando a la ciudadanía una vez por semana para saber si alguien de la familia tenía síntomas. Un estimado de un millón 300 mil llamadas a teléfono fijo por semana.

También se recurrió a un programa de inteligencia artificial para detectar el COVID-19 mediante radiografías de tórax, aparte de las pruebas PCR y a partir del 19 de abril, se estableció tratar cualquier síntoma de neumonía como coronavirus.

“Hacemos más pruebas que el promedio nacional”, puntualizó el mandatario de Nuevo León, al describir que a su vez, contaban con el doble de camas que la media en el país, con 3 mil 800 camas para todas las enfermedades y 400 camas para terapia intensiva. “Pero tenemos que prepararnos, en un escenario vamos a requerir 800 camas de terapia intensiva y mil 600 camas hospitalarias más”. A partir de ello, se acentuó la conversión hospitalaria en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Subió de tono la ‘recomendación’ del cierre de empresas con actividades no esenciales y El Bronco amenazó con cárcel a los patrones que obligaron a sus trabajadores a laborar, por lo que se intensificaron las inspecciones.

Para el 23 de abril, el gobierno anunció mejorar el pago y otorgar bonos para el personal médico. Asimismo, fortaleció el frente común Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoacán para estructurar un plan de reactivación económica, lo que sumó a 3 mil empresarios de esas regiones.

Se impusieron desde el 26 de abril, restricciones de movilidad vehicular, no más de dos personas en un auto y controlar las corridas de transporte público. Ya entonces, Nuevo León registraba 664 casos y 14 decesos.

El 5 de mayo pasado, se detectó un brote de COVID-19 en un asilo regiomontano, que a la fecha reporta de 50 a 60 personas contagiadas.

Dos días después, con 962 casos y 32 fallecimientos en el estado, El Bronco subrayó que no había fechas exactas en Nuevo León para la reactivación de la economía y conminó a los alcaldes, a no realizar obras que no se relacionen con la infraestructura de salud. Actualmente, suman 987 casos y 33 muertes por coronavirus.

¿Qué hizo Corral?

A partir del primer caso de COVID-19 detectado en el estado, el 17 de marzo en Juárez, el gobierno de Javier Corral Jurado dispuso cancelar eventos con una concurrencia mayor a mil personas y como en todo el país, el 20 de marzo concluyeron las clases escolares.

Al presentarse la campaña nacional de distanciamiento social, “Susana Distancia”, el 24 de marzo se replicó la convocatoria al aislamiento voluntario en el estado, donde ya había 5 casos confirmados frente a una población de 3.5 millones de habitantes.

Un día después, el mandatario chihuahuense anunció un Decreto de Austeridad ante la emergencia sanitaria y dijo que se reduciría el sueldo a la mitad, instando a los funcionarios públicos a hacerlo, así como al Poder Legislativo y Judicial, para reorientar recursos a la infraestructura de salud y la reactivación de la economía.

Concluyó marzo con 8 casos en el estado y se instalaron 13 filtros sanitarios en puntos carreteros ante la previsión del paso de paisanos. Se estructuró la reconversión hospitalaria para atender a pacientes de coronavirus.

El 3 de abril, el gobernador presentó el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, con apoyos económicos directos a las personas en vulnerabilidad, empleo temporal, entrega de alimento, incentivos fiscales y diversos tipos de financiamiento para empresas, con una cartera de 3 mil millones de pesos.

Según se dio a conocer, de esa cantidad, 2 mil 545 millones emanaron de ajustes al gasto público, 375 de la reducción al presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial así como a organismos autónomos, y aportaciones extraordinarias del Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (Ficosec) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

Posteriormente, Corral Jurado anunció un aumento salarial a los “Héroes de la Salud”, es decir, 13 mil médicos y enfermeros, aparte del personal de limpieza, vigilancia y choferes de ambulancias.

El 5 de abril arrancó el Programa Alimentario a nivel estatal y un día después, se registraron las primeras 2 muertes asociadas con el coronavirus, ocurridas en Ciudad Juárez, el total de casos era de 20 confirmados.

A su vez, el 8 de abril, el gobierno anunció estímulos fiscales y apoyos a la iniciativa privada para proteger los empleos. Se determinó además que las muestras de COVID-19, que se tomaran en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se analizarían en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y no en la capital del país, para acelerar los protocolos y tener una actualización rápida de los números de casos.

El 11 de abril, Gobierno del Estado reguló la venta de bebidas alcohólicas con horarios acotados, de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a domingo hasta el 30 de abril.

En ese lapso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló a las maquiladoras como focos rojos en la propagación del virus y llamó a los gobernadores a implementar operativos para garantizar la salud de la población y que no estuvieran operando aquellas de actividades no esenciales; Javier Corral pidió no estigmatizar al sector productivo.

En tanto, el 12 de abril, el mandatario comenzó su programa “¡Chihuahua Adelante!”, un espacio informativo sobre avances de Plan Emergente, a transmitirse de lunes a jueves en las plataformas digitales del Gobierno del Estado.

Un día más tarde, se anunció que llegaban las primeras 5 mil 650 pruebas PCR para ampliar el muestreo de COVID-19. Por otra parte, el gobernador realizó una reunión virtual con ex mandatarios de Chihuahua para solicitar a la Federación más recursos para enfrentar la pandemia.

El 14 de abril, se dio a conocer la muerte de 13 trabajadores de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, lo que llevó a López-Gatell a reiterar el llamado a los gobernadores para hacer respetar el cierre de empresas y que las que continúen, cuidaran a los empleados. Ejemplificó lo que no se debe hacer con el caso de las maquiladoras en la frontera chihuahuense.

Hasta el 17 de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado reportó que realizaría inspecciones en empresas y mientras se lanzó el programa virtual Saludable Mente para ayuda psicosocial ante la emergencia, transmitido en las plataformas oficiales de Facebook, Twitter y YouTube.

Dos días después, el gobernador anunció la creación de la “comandancia contra el COVID-19”, al formar la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dependencia que coordina directamente la actuación del sector salud en materia epidemiológica.

Corral Jurado publicó el 19 de abril, el Acuerdo 064/2020 en el Periódico Oficial del Estado para establecer el uso obligatorio del cubrebocas tanto en establecimientos comerciales, en puntos de trabajo con actividades esenciales y en el sistema de transporte urbano; además, no debían viajar más de 30 pasajeros en camiones urbanos y multas, si en un auto van a bordo más de dos personas adultas, sobre lo cual primero se indicó que se cobrarían 500 pesos y quedó en 200 pesos.

El 20 de abril, se activó el regreso virtual a clases –a falta de Internet, en la Sierra sería a través de la radio a partir del 27 de abril—. También se entregaron los primeros apoyos a micro y pequeñas empresas, aparte de extenderse la restricción en la venta de cerveza hasta el 31 de mayo.

Un día después, el subsecretario federal de Salud aplaudió la decisión de Javier Corral Jurado por crear una dependencia especializada en el combate de la pandemia.

El mandatario estatal informó de la apertura de una cuenta para recibir donativos para los “Héroes de la Salud”, recursos que se destinarán al sobresueldo de 30% e incrementar hasta un millón de pesos el seguro de vida.

Ante la dispersión regional de la pandemia, ya en 12 municipios del estado, se anunció el incremento de pruebas. En total, en la entidad, ya había 202 casos confirmados de COVID-19, así como 39 fallecimientos.

Según la cuenta diaria del gobernador, para el 24 de abril dijo que el Fondo del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar de Chihuahua, ya sumaba 3 mil 241.4 millones de pesos.

“Es el de mayor monto, profundidad y alcance en el país, por encima de Yucatán y Jalisco, que son los que más han destinado a esta contingencia”, puntualizó Javier Corral.

Para el 25 de abril, se dio a conocer que se contaba con una capacidad de 60 y hasta 70 diagnósticos por día y con un nuevo termociclador, ésta aumentaría a 90 o 100 y se aceleraría el tiempo de respuesta a pacientes sospechosos por COVID-19.

Dos días después, el gobernador volvió a reunirse en videoconferencia con los ex mandatarios para enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y pedir recursos extraordinarios para que el estado enfrente el coronavirus.

A punto de terminar el mes de abril, se anunciaron más beneficios en homologación salarial y estímulos para personal de Salud del Estado, que se entregarían a partir del 30 de abril. Mientras que la STPS notificó que había inspeccionado a 306 empresas en diversos municipios y 57 con actividades no esenciales, se rehusaron a cerrar.

Chihuahua cerraba el primer cuatrimestre con 451 casos confirmados de COVID-19, así como 86 fallecimientos. Hasta entonces, Salud del Estado dio a conocer que 26 empleados de la maquiladora en Ciudad Juárez se contagiaron, de los cuales 17 murieron.

El 1º de mayo, el gobernador hizo un llamado a la población para tomar en serio la pandemia, ya que de acuerdo con el modelo Centinela, el virus se ha diseminado por todo el estado y el cálculo es que habría por lo menos, 3 mil 873 contagiados.

Tres días más tarde, se informó que el Plan Emergente se usaría también para pagar salarios a trabajadores vulnerables del sector turístico, aquellos que percibían hasta 240 pesos o menos de sueldo diario, como recamaristas, auxiliares de áreas públicas, meseros, mozos de limpieza, auxiliares de ropería y lavandería, además de exentar de impuestos al sector hotelero.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte de la Secretaría de Salud, sostuvo el 6 de mayo pasado, que para Chihuahua el pico de la pandemia se prevé en las próximas dos semanas, donde se verá un repunte importante de casos e incluso pudiera darse un segundo brote menos intenso para octubre, por lo que estimó que la reactivación de actividades podría darse hasta principios de agosto.

El 7 de mayo, dio positivo al COVID-19, el alcalde de Juárez, Armando Cabada, por lo que el gobernador decidió hacerse la prueba este fin de semana y en tanto, aislarse en su casa, ya que habían estado en contacto reciente.

Aunque el gobierno estatal pidió a la ciudadanía no romper el confinamiento por la celebración del día de las madres, se hicieron filas en pastelerías y supermercados, por lo que desde ayer se cerraron los cementerios.

Hoy por hoy, en Chihuahua suman 142 fallecimientos (112 en Juárez) por COVID-19 y hay en total, 760 casos confirmados.

El tiempo dirá…

A la luz de los hechos, mientras El Bronco no se ha guiado por el gobierno federal y Corral sí, la fórmula regiomontana muestra que no sólo contuvo la propagación, sino que su capacidad de respuesta en la atención es más efectiva ya que su tasa de letalidad es considerablemente más baja.

Según el gobernador de Chihuahua, la Conamer se congratuló de su estrategia al evaluar a la entidad en las acciones de transparencia y el marco regulatorio, por la creación del Plan Emergente y su estructura para llegar a los sectores más vulnerables, así como respaldar al sector productivo y apretar el cinturón en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los efectos económicos y sociales atendidos en el marco de la emergencia sanitaria y que según el comisionado, César Emiliano Hernández Ochoa, será un ejemplo a seguir para otros estados del país.

No obstante, está pendiente la factura de atención médica, tanto en la capacidad de detección como en el tratamiento y la suficiencia real de insumos para el personal del sector de salud, pues todo eso se traduce en esa alta tasa de letalidad.

Por otra parte, el foco rojo en Ciudad Juárez no se advierte casual, mas aún está centralizado en el sector laboral de la industria maquiladora, sin que el Estado haya tomado cartas en el asunto para velar por la salud de los trabajadores; acaso recomendaciones, como ha estipulado la STPS a nivel local.

Lo que aunado a un seguimiento fiel de las disposiciones federales lleva a Chihuahua a un escenario como el que se vive a nivel nacional, entre la incertidumbre, la falta de una estrategia contundente y las contradicciones que han caracterizado al gabinete de López Obrador.

Una característica del gobierno federal ha sido la tardanza para abordar de una manera seria la pandemia. Mientras el 27 de febrero se registraba el primer caso en el país, detectado en la Ciudad de México, una semana después el presidente seguía haciendo giras y besaba y mordía el cachete de una niña durante una visita en Guerrero.

El 18 de marzo, un día antes de registrarse el primer muerto por coronavirus en territorio nacional, López Obrador mostraba un escapulario como su “escudo protector” contra el virus.

Cinco días más tarde, cuando López-Gatell daba el arranque a la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya con 4 fallecimientos y 367 casos confirmados; el jefe del Ejecutivo instaba a la gente a salir, “no dejen de ir a las fondas, yo les voy a decir cuándo no salgan”.

Hasta que fue impostergable entrar a la fase 2, el 25 de marzo, ante la transmisión comunitaria y el gobierno federal decretó la suspensión de actividades en el aparato gubernamental.

Más tarde, se emitió otro decreto para la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social del 30 de marzo al 30 de abril, así como la ‘invitación’ a quedarse en casa, pues según la administración federal, a nadie se obligaría y todo mundo lo haría por convicción.

Ya con mil 94 casos positivos y 28 fallecimientos, el 15 de abril, López Obrador suspendió sus giras y un par de días después, se amplió el decreto de suspensión de actividades hasta el 31 de mayo.

El 21 de abril, vino la fase 3, la etapa epidemiológica, cuando se alcanzaría el ‘pico’ de casos, el rápido ascenso que implica un gran número de contagios y hospitalizaciones.

Entre los dimes y diretes de las estadísticas de Salud y el cuestionable modelo Centinela, el 7 de mayo se anunció el semáforo COVID-19 para que el regreso de las actividades sea escalonado; el 17 de mayo en las regiones con pocos casos y el resto, supuestamente a partir del 31 de mayo.

Hoy la cifra nacional es de 31 mil 522 casos y 3 mil 160 decesos, la reactivación económica y social aún se torna incierta. Para algunos gobernadores como “El Bronco” es el virus, el que “va a decir” el momento indicado de reanudar las actividades y no el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y para otros mandatarios como Javier Corral, es momento de unidad y actuar en coordinación con la Federación.

Todavía faltan la fase 4, la del llamado rebrote y la fase 5, que sería el fin de la epidemia, el tiempo dirá qué convino más a los habitantes de cada región.

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