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Emergencia sanitaria, balde de agua fría para la IP

Tras darle vueltas, el gobierno federal emite el decreto, de tal manera que obliga a los patrones a pagar sueldos íntegros durante la cuarentena



El esperado anuncio oficial de suspensión de actividades en el país ante la pandemia del COVID-19 y de cara a que en el país, ya hay más de mil casos confirmados, fue una cubetada de agua fría para los empresarios.

El decreto apuntó a “una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” para que las empresas, cuyas actividades no sean esenciales en la economía nacional, paren labores a partir del 31 de marzo hasta el 30 de abril.

Si hubiera declarado “contingencia sanitaria”, se pagaría un salario mínimo a cada trabajador, lo que para las PYMES será incosteable, advierten especialistas

Como no se declaró “contingencia sanitaria”, sino “emergencia” sólo por ese concepto, los patrones estarán obligados a pagar íntegros los salarios de sus trabajadores durante la cuarentena.

Especialistas como René Mireles, abogado laborista, calificaron lo anterior como inconstitucional, toda vez que para situaciones de este tipo, ya se habían agregado fracciones en la Ley Federal del Trabajo (LFT) desde 2012, y aún así no se utilizaron.

Precisamente ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) había insistido en la necesidad de que el gobierno federal decretara ya, la contingencia sanitaria.

Si la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo hubiera hecho así, las empresas podrían pagar un salario mínimo a cada trabajador durante el periodo de confinamiento domiciliario.

En cambio, el canciller Marcelo Ebrard, quien hizo el anuncio, especificó que conscientes de la legislación, se optó por la “emergencia sanitaria” y más vale que los patrones respeten los sueldos de sus empleados porque de lo contrario, se harán acreedores a fuertes multas.

“Esta declaratoria es de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Empresa que intente (pagar menos de lo que le corresponde a sus trabajadores) se va a enfrentar a un proceso laboral que va a perder, porque la ley es muy clara”, sentenció el secretario de Relaciones Exteriores.

Exhortó al sector privado a adoptar el trabajo a distancia o análogos, modalidades de teletrabajo, sin que las actividades de sus trabajadores impliquen un acto presencial.

“Si no se hace, el daño económico crece, porque va a tomar más tiempo. El impacto al empleo, a la actividad económica va a ser mucho mayor. Hay que actuar por razones de salud y economía. Entre más efectivo sea este mes y todos se queden en casa, más pronto regresaremos a la normalidad.

“No es un toque de queda ni un estado de excepción, es una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, vigente a partir de mañana y hasta el 30 de abril para que se queden en sus casas”, secundó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, al reiterar que es la última oportunidad para controlar los contagios en el país.

El reporte actualizado de la Secretaría de Salud contabilizó mil 94 casos confirmados y 28 muertes en el país.

Coparmex cruzaba los dedos

Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell confirmó que la actividad y movimiento de la gran mayoría de personas no ha disminuido a pesar de sus llamados a permanecer en casa, la Coparmex había instado al gobierno federal a definirse.

“Los pequeños y medianos empresarios no saben qué hacer y cómo pedir a sus trabajadores, por ejemplo, que se queden en casa ante la pandemia, si no se han activado los mecanismos que prevé la propia Ley Federal de Trabajo”, puntualizó el sindicato patronal a través de un comunicado.

La certeza se da a través de la Declaratoria de Contingencia Sanitaria, sin ella, por más que la Secretaría de Salud invite a la gente a quedarse en su domicilio –añadió la Confederación— y pida a los cuatro vientos que los trabajadores del sector privado no se presenten en sus empleos, no es posible porque los empresarios requieren de la certeza para no caer en la ilegalidad, y para brindar certeza a sus empleados y sepan que no han perdido sus puestos de trabajo.

De ese modo, la Coparmex apelaba a que el gobierno federal se apegara a la contingencia, de modo que los patrones pudieran pagar un salario mínimo a sus empleados, en una tregua para ambas partes y mantener los puestos de trabajo hasta que la situación se normalice.

“Con la contingencia, sí sería posible Quedarnos En Casa y los trabajadores estarían protegidos por el periodo que marca la ley, al menos un periodo de 30 días en dicha circunstancia, tiempo en el que las empresas estarían obligadas a pagar a sus trabajadores el salario mínimo, y la empresa que pueda económicamente, podría ofrecer un salario mayor que el mínimo”.

La semántica legal…

Pero no fue así. El gobierno le dio la vuelta y la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, deja intactos los salarios.

El abogado laborista René Mireles, explicó en un video que difundió por redes sociales que la forma en que se decretó la media no sólo puede ser inconstitucional, sino un duro golpe para el sector privado.

En especial para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que sin ventas no tendrán los ingresos suficientes para respaldar el pago de sus nóminas.

Lo que pareciera una cuestión de semántica, entre la palabra emergencia y contingencia, en el ámbito legal lo es todo, ya que en la LFT se agregaron fracciones para contemplar este tipo de situaciones desde el 2012.

En el artículo 427 se detallan las causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento y en la fracción séptima se asienta: La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.

De acuerdo con Mireles, la administración federal se fue por la fracción primera: La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos.

Al hacerlo de esta manera, aplica entonces lo estipulado en el artículo 429 en la fracción primera, respetando los pagos salariales al momento de la declaratoria.

La fracción cuarta de este artículo subraya en cambio, que el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.


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