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Informe de desaparecidos elude “crisis forense”

Sin determinarse la correspondencia entre los buscados y los que están en las morgues; Chihuahua, ha dado pasos concretos con el equipo argentino de antropólogas forenses


¿Cuántas personas desaparecidas están o estuvieron en las morgues o en las fosas comunes?

En Chihuahua, se había informado que de 2008 a 2019, había 2 mil 200 personas desaparecidas. Ayer, al darse a conocer el “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas”, se enfatizó que de los años 60 a la fecha, se desconoce el paradero de 3 mil 907 personas en la entidad.

https://drive.google.com/file/d/1Wx7MLtpqVvDY6y1NdQBEp9ysmDMWmvI7/view

El estado se encuentra en los primeros lugares en la desaparición de hombres, mujeres, niños y adolescentes. Destaca también en la localización de fosas clandestinas y cuerpos exhumados.

Pero la verdadera tragedia es que todavía no es posible determinar cuántas de las personas con reporte de desaparición, que en el país suman ya 66 mil, corresponde con los 26 mil cadáveres sin identificar en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del territorio nacional.

En la entidad, la Fiscalía General del Estado informó que hasta el año pasado había 3 mil 770 restos que esperaban ser identificados.

Una “crisis forense”, como la denominó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando se relanzó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el 24 de marzo pasado.

Un escenario caótico debido a las fallas en la labor pericial, que por años anquilosó expedientes y después se vio abrumada por el aumento desmesurado de víctimas, como no había ocurrido en décadas. Una mezcla explosiva entre el rezago histórico y la actual incapacidad de reacción.

Con el relanzamiento del Sistema, se pretendía poner fin al rezago y meter al redil a las entidades federativas –19 en particular— que ni siquiera contaban con los protocolos de búsqueda de personas.

Ayer, 6 de enero, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, presentaron el informe que según acotaron, se desprende de la información de 21 fiscalías estatales, ya que el resto, aún se está sistematizando.

Más allá de las cifras, en Chihuahua se dio un paso consistente en la identificación de cuerpos con la contratación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Para las forenses, ya que en su mayoría el equipo se integra de mujeres, analizar restos, no sólo deteriorados por la intemperie y el paso del tiempo, sino muchas veces calcinados, es una labor compleja.

Se requiere de un acucioso trabajo y cotejar con escenas de crímenes, fosas comunes y clandestinas, expurgando expedientes que han sido mal integrados y ya forman parte del archivo muerto.

A eso se dedicó al EAAF), que llegó a Ciudad Juárez en 2005 para analizar restos de potenciales mujeres asesinadas en 1993. Y, llegaron para quedarse.

Su labor de apoyo se amplió ante la persistencia de feminicidios y después, la escalada de violencia que rebasó por mucho, a las autoridades.

No obstante, en la administración pasada, se les canceló el contrato y no volvieron a trabajar con el Gobierno del Estado hasta finales de 2016. En marzo del año pasado, incluso se renovó el convenio.

Una de las principales tareas que se le encomendó al EAAF, dirigido por Mercedes Doretti, fue la identificación de 15 osamentas encontradas en “sitios de exterminio”.

Se trata de los restos calcinados hallados en una fosa clandestina en Rancho Dolores, cerca de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, descubierta en octubre de 2011; otra en Rancho El Mortero, municipio de Cusihuirachi, localizada un mes después y una más en la brecha El Porvenir, municipio de Carichí, detectada en junio de 2014.

Pese al reclamo de organizaciones civiles, por años los restos estuvieron apilados en 43 contenedores de la Fiscalía. Desde diciembre de 2016 se analizaron 223 restos y en enero pasado, el EAAF obtuvo 29 perfiles genéticos, que permitió identificar a 15 personas.

Comenzar por la región de Occidente, no fue casual. De hecho, Cuauhtémoc es uno de los municipios con los índices más altos de desapariciones en el estado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, de los 2 mil 200 casos de desaparecidos en la entidad de 2008 a 2019; 500 ocurrieron en la zona manzanera.

De ahí, la importancia del convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) con el grupo de especialistas sudamericanos para la identificación de osamentas y mejorar las técnicas y la profesionalización de la Fiscalía de Chihuahua.

Si bien, las cifras de identificación no son extraordinarias, sí han logrado subsanar la herida abierta para muchas familias y ese aspecto ha sido respaldado por organismos empresariales y asociaciones civiles.

De hecho, desde 2018 se trabaja en el proyecto para construir el Centro Estatal de Inhumación Forense, que se localizará en Ciudad Juárez, para concentrar cadáveres no identificados o no reclamados.

Según el fiscal estatal se requerirá de una inversión de 50 millones de pesos y este año se erigirá el panteón más grande del país con 500 nichos individualizados de permanencia temporal, una osteoteca para 500 individuos y seis cámaras frías de congelamiento para 300 cuerpos.

Lo siguiente será fijar un criterio, como lo ha sostenido el CEDEHM, entre lo que se considera un reporte de persona ausente, ya que el registro de personas desaparecidas integra sobretodo a víctimas de desaparición forzada pero deja fuera a quienes no son localizadas y se desconocen las circunstancias en que se perdió su rastro como si se hubieran ido por su voluntad.

Incluso, aquellos casos en que la autoridad los denomina ‘levantones’ por atribuirlo a situaciones relacionadas con el crimen organizado y no todos corresponden. Lo mismo ocurre con feminicidios que no son catalogados como tal por el simple hecho de que los hayan cometido delincuentes.

Ha faltado voluntad política, subrayó Alejandro Encinas en la presentación del informe, al reclamar las disparidades en protocolos, registros y labores de búsqueda entre los estados.


Los nada honrosos primeros lugares

Al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se hablaba de 40 mil desaparecidos en el país y 26 mil cuerpos sin identificar en las morgues; hoy, la cifra es de 61 mil personas cuyo paradero se desconoce.

Durante la presentación del informe, se resaltó que el incremento del conteo se debe a que son cifras desde 1964 a la fecha, si bien el 90% de los casos ocurrieron de 2006 a la fecha.

En todos los ámbitos de análisis, destaca Chihuahua, tanto en cantidad de personas desaparecidas como en ubicación de fosas clandestinas.

Según se estableció, del 1º de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, desaparecieron 9 mil 164 personas, de las cuales 5 mil 184 aún no han sido encontradas. Por entidades federativas, encabezan el conteo: Jalisco con 2 mil 100; Tamaulipas, 613; Chihuahua, 459; Nuevo León, 433 y Puebla con 423 reportes.

En el renglón de mujeres desaparecidas, el estado se sitúa en quinto sitio con 131 casos, mientras en niños y adolescentes está en el tercer lugar con 131 reportes.

En el segmento del hallazgo de fosas clandestinas, Chihuahua está en la quinta posición con 318 de 2006 a 2019. Mismo lugar en cuanto a cuerpos exhumados con 71 del 1º de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

Acorde con el informe, el total de personas desaparecidas en la entidad, desde los años 60 a la fecha es de 3 mil 907, lo que lo ubica en el cuarto sitio a nivel nacional.

No se precisó si a esta base de datos, se integró información del portal gubernamental que se puso en marcha en noviembre pasado, para que cualquier ciudadano puede registrar desapariciones y aportar todos los datos de los que disponga, incluso de manera anónima.

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