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La Boquilla, el Tratado y su nieve de qué la quieren

Cuestionable pero vigente, el acuerdo binacional de aguas se ha cumplido por décadas sin conflictos... hasta ahora; acaso, las nuevas cláusulas negociadas en lo ‘obscurito’ metan presión a los pagos


A 76 años de haberse firmado el Tratado Internacional de Aguas entre Estados Unidos y México, un conflicto estalla ahora al tratar de extraer mil millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla, mientras el gobernador Javier Corral asegura que el adeudo estatal es de 600 millones de metros cúbicos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asegura lo contrario.

El “logro” fue conseguir una prórroga para que el próximo 12 de febrero se realice la Mesa Técnica en la ciudad de Chihuahua, para encontrar las alternativas en la asignación que plantea el Tratado Internacional de Aguas.

Tras el acuerdo temporal, los productores retiraron el plantón de la presa, que mantenían desde el martes pasado, así como los bloqueos que ayer realizaron en la carretera Chihuahua-Delicias. Su reclamo, según se estableció, es que esa agua garantiza el próximo ciclo agrícola, lo que secundaron tanto el mandatario estatal como los diputados, que hoy sesionarán en La Boquilla para ofrecerles su respaldo.

El detonante habría sido que al rumor de que se ‘vaciaría’ la presa, llegó el martes un contingente de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, lo que provocó la alerta entre los productores, quienes se movilizaron al sitio para impedir la extracción.

Mientras los productores aseguran que no saldrá una gota de la presa, el gobernador consigue una prórroga y el presidente tacha el reclamo, de politiquerías

Las negociaciones con el gobierno federal comenzaron justo el martes, que coincidentemente, se encontraba el gobernador en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para acordar la no-adhesión de Chihuahua al convenio del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi).

Según dijo Javier Corral, le expuso al Jefe del Ejecutivo la inconformidad de los productores chihuahuenses, a quienes por cierto se les deben 7 mil millones de pesos por servicios ambientales.

López Obrador –apuntó el gobernador— le pidió que lo ayudara con el pago del agua a Estados Unidos y evitar un conflicto internacional, sin embargo, estuvo de acuerdo en revisar con la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, las alternativas.

Ayer en su rueda de prensa mañanera, el presidente fue cuestionado sobre la ‘toma’ de La Boquilla y destacó que cumplirá con los acuerdos del Tratado Internacional de Aguas suscrito con el gobierno de Estados Unidos en 1944.

“México siempre ha pagado lo que le corresponde y “no lo vamos a dejar de hacer”.

Envió un mensaje a los productores y agricultores de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas: “no se dejen manipular, ni permitan que este asunto se preste para politiquería, porque ahí andan. Hay de Morena, del PRI, del PAN… porque ya se acercan las elecciones y quieren presumir con sombrero ajeno.

“Pero no sólo eso, algunos vinieron a plantear que se resolvía todo, si llegábamos a un acuerdo de pagar por servicios ambientales. Entonces nada más es decirles, a los que traen esa intención: ¿de qué quieren su nieve?”

López Obrador aseguró que hay agua suficiente para el riego de este año, por lo que no habrá escasez y podemos, “con los excedentes, cumplir con el compromiso que tenemos a partir de este acuerdo que se firmó en 1944”.

Explicó que, de acuerdo con especialistas, ese tratado no es inequitativo para México y ofreció revisarlo en Palacio Nacional, pero “se habla de que el agua que recibe México es en volumen mayor a la que se entrega. Pero independientemente de eso, está vigente el tratado y tenemos que cumplir con los términos, porque si no, se da motivo a una acción de otro tipo”.

Mencionó que si supiera que los productores se quedarían sin agua, hablaría con el presidente Donald Trump para pedirle una prórroga que “nos permitiera resolver nuestro problema. Pero lo que me dicen los técnicos de Conagua es que sí tenemos el agua necesaria. Explico esto porque hay mucha politiquería y ahora sí, que están queriendo llevar agua a su molino”.


‘No hay prisa’

A decir del gobernador, la fecha límite establecida para pagar la cuota de agua es el 24 de octubre, por lo que en ese lapso se podría cubrir con lo que se registre de lluvias.

“Si para junio o julio no es así (se logra el cumplimiento), entonces hablaríamos ya qué nivel se podría extraer de la presa, pero primero veamos el transcurso del tiempo, que al cabo falta un lapso importante para el cumplimiento del Tratado”.

Corral Jurado consideró que no existe en este momento, una presión propiamente de Estados Unidos para que se haga ya el pago, sino una presión interna de los otros estados de México, lo que se conjuga con un mal manejo histórico de las presas.

Narró que al presidente le dijo que por mucho tiempo Chihuahua ha buscado mecanismos de compensación al aporte que ha hecho al Tratado, toda vez que contribuye con más del 50% del pago anual y quinquenal de agua al vecino país.

Uno de esos mecanismos propuestos ante la Secretaría de Gobernación –añadió—, fue incorporar el pago por servicios ambientales de otros estados que se benefician por las aguas de Chihuahua, o a quienes les llega agua de Estados Unidos y que la entidad tiene que pagar.

Refirió que hay además una deuda pendiente de inversión y mejoramiento del sistema de riego, medición del agua, vigilancia sobre aprovechamientos ilegales y del pago de servicios ambientales, como parte de la posición que comparte el Gobierno del Estado con los productores y a eso se refieren precisamente los 7 mil millones de pesos.


Tras bambalinas, nuevo tratado

Históricamente se ha cuestionado la vigencia del Tratado de Aguas Internacionales entre ambos países, la desventaja de las condiciones para México y la falta de reciprocidad en épocas de sequía.

El Tratado asienta que México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo y Estados Unidos hace lo propio, a través del río Colorado.

Este acuerdo define las entregas de agua a Estados Unidos por ciclos y en caso de sequía, de manera extraordinaria, los faltantes se reponen en el siguiente ciclo. Describe que cuando la capacidad asignada a Estados Unidos en las presas internacionales se llena con agua de su propiedad, termina el ciclo y los faltantes se cancelan.

Sin embargo, lo más refutado por especialistas son las actas 319 y 323, la primera firmada en noviembre 2012 y la segunda, que extiende y amplía los términos y alcances de la primera, signada en septiembre de 2017.

Según se ha expuesto, esas actas formularon cláusulas para que a cambio de ayuda económica que Estados Unidos proporcionará para el desarrollo de infraestructura hídrica en territorio mexicano, podrá obtener ciertas cantidades de líquido.

Lo anterior se ha interpretado como la compra adicional de agua. El acta 323 denominada “Ampliación de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia Ante la Escasez de Agua en la Cuenca del río Colorado”, fue negociada sin una difusión previa ni tomando en cuenta la opinión de quienes podrían verse afectados.

El documento fue elaborado por las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas (CILA) de México y Estados Unidos, en el cual se cuantifica que Estados Unidos contribuirá con un monto total de 31.5 millones de dólares a México para desarrollar proyectos de conservación en el país.

“Toda el agua generada o conservada con esta inversión será asignada a México con excepción de los siguientes volúmenes: 86 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con el compromiso de Estados Unidos para beneficio del medio ambiente, en particular el tramo limítrofe y del Delta del río Colorado”.

De ese modo, acorde con los expertos, los estadounidenses garantizan su consumo y producción, mientras los mexicanos podrían poner en riesgo los ciclos agrícolas y la producción en general, además de ejercer mayor presión en el cumplimiento de los pagos.

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