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Más voces para los silenciados en cárceles

Aprueban diputados crear al fin, Centro Especializado de Traductores e Intérpretes del Poder Judicial para las comunidades indígenas


La voz de los olvidados, los relegados por el sistema y los discriminados por no hablar español por el hecho de pertenecer a etnias indígenas que más allá del idioma, no comprenden los procedimientos penales y aún así acaban en la cárcel; esa es la labor que Guadalupe Pérez Holguín ha realizado como la primera traductora e intérprete adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Ahora, al fin, se conformará un Centro Especializado de Traductores e Intérpretes del Poder Judicial.

La iniciativa se presentó ayer en el Congreso del Estado, consistente en adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, así como a las leyes secundarias correspondientes para determinar el presupuesto correspondiente.

Según informó la diputada Rocío Sarmiento Rufino, el decreto permitirá favorecer la acción jurisdiccional de las autoridades competentes para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las comunidades indígenas.

Se indicó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad por los grupos parlamentarios aunque no se precisó, cuándo entrará en funciones.

Y es que Lupita Pérez, ha desarrollado esa función primero de manera espontánea, después más formal al adquirir una figura reconocida por el TSJE pero es necesario, generar criterios entre los ministerios públicos y conformar una red de traductores.

Lupita Pérez ha sido esa voz desde hace siete años, trabaja en el proyecto “Inocente” con la Facultad de Derecho de la UACH e imparte diplomados para intérpretes y traductores indígenas

De hecho, Lupita ha venido trabajando en el proyecto “Inocente”, implementado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), que advierte la cantidad de indígenas que han sido procesados sin enterarse siquiera por qué.

Esa causa ya se convirtió en la campaña constante contra la discriminación lingüística desde hace siete años, la cual derivó en la conformación de la asociación civil Nochaba Nikuuroka Anakupi Niraá(Trabajar ayudando los unos a los otros): https://nikuurami.org

Organismo en el cual, participan ralámulis, tepehuanes, mixtecos y hasta chatinos de Oaxaca y se han impartido diplomados para alentar a generaciones de intérpretes y traductores indígenas para el sistema penal de Chihuahua.

La revisión de esos casos con dudosas sentencias, generó también la elaboración del cortometraje de “Las Visitadoras” (https://www.ambulante.org/documentales/las-visitadoras/), filmado en 2018 por la asociación de cine documental Ambulante, productora de Diego Luna y Gael García así como Pablo Cruz y Elena Cortés.

Dirigido por Sergio Blanco Marín, el cortometraje fue grabado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Intercultural de Guachochi, municipio del cual es originaria Lupita.

Precisamente donde ella comenzó la iniciativa de involucrarse en las condiciones que se encontraban los presos indígenas, ya que su hermana trabaja en centros penitenciarios y cada diciembre la invitaba a eventos de preliberación de reos.


MP, otra dinámica que cambiar

La falta de comprensión de un(a) indígena al ser procesado(a), no poder rendir una declaración en su idioma ni entender los alcances de ser sentenciado(a), menos reparar en que tiene el derecho de no auto-incriminarse y exigir la presencia de un abogado… Todo un asunto que no sólo es problema del presunto responsable sino de los agentes del ministerio público.

De ahí, la importancia de que capacitarlos en el sistema de gobernanza ralámuli.

Según la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI) en coordinación con el Instituto de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, con ese fin se han desarrollado conversatorios entre funcionarios públicos y gobernadores tradicionales de las comunidades ralámuli en la entidad.

También han participado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto de Defensoría Pública y el Desarrollo Integral de la Familia Estatal.

De acuerdo con la Comisión, el objetivo es complementar los procesos de impartición de justicia entre pueblos originarios, valorando que el sistema de gobernanza tradicional de las comunidades facilita la conciliación entre partes, pues sus acuerdos tienen la misma validez jurídica que una sentencia.

Sin embargo, es fundamental que los ministerios públicos así lo entiendan y comparen, respecto del sistema de reparación del daño en contraste con las diferentes formas en que los pobladores resuelven conflictos internos.


Las dudosas sentencias…

Y no es para menos, pues se estima que más de 8 mil indígenas se encuentran presos por diversos delitos en cárceles del país y en muchos casos, se han detectado inconsistencias legales y fallas en el proceso, entre las cuales destaca la falta de un intérprete.

Datos que se expusieron en marzo pasado en el Congreso de la Unión, al evaluar que las entidades federativas con el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario nacional son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero.

A partir de ello, se conminó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a realizar un censo y revisar la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, así como el por qué ministerios públicos y jueces suelen desdeñar sus casos.

Se calcula que en el estado, hay 424 personas de origen indígenas en los centros penitenciarios de Chihuahua, hasta febrero pasado. Sin embargo, la COEPI no ha proporcionado cifras actualizadas, solamente que se continúa en la elaboración del censo.

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