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Pagan con su vida luchar por causas sociales en Chihuahua

Subraya el crimen de Cruz Soto Caraveo, el riesgo de ser activista en el estado, considerado foco rojo por CIDH, AI y la ONU


Era integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara; ya suman 30 derechohumanistas y ambientalistas asesinados en una década

Con el asesinato de Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, sumarían 30 crímenes contra activistas en Chihuahua, en la última década y situando al estado como uno de los más peligrosos para emprender causas sociales.

Cruz Soto fue reportado desaparecido desde el domingo 13 de octubre, al salir de la Alcaldía de Temoris, del municipio de Guazapares, a donde había acudido para recibir un apoyo federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y varios sujetos armados lo interceptaron, lo esposaron y se lo llevaron, de acuerdo con testimonios de testigos.

Este día 20 de octubre, la Fiscalía General del Estado dio a conocer el hallazgo de su cuerpo en una brecha de la localidad de La Lechuguilla, del municipio de Guazapares.

La propia Fiscalía informó que Cruz Soto y su familia, eran víctimas de desplazamiento forzoso por parte de grupos de la delincuencia organizada que se dedican a la siembra de estupefacientes en la zona serrana.

“Él había recibido amenazas previas por parte de un grupo delictivo, que desde hace años lo despojó de sus tierras, las cuales convirtieron en un sembradío de mariguana y amapola”.

Soto Caraveo y su familia ya residían en la ciudad de Chihuahua, no contaba con suficientes medidas de seguridad y la semana pasada, viajó a la cabecera municipal de Guazapares para cobrar los recursos de un programa de apoyo al campo, que se entregarían en la Presidencia Municipal.

Cruz Soto pertenecía a un grupo de tres familias que en 2014 se quedaron sin sus tierras y abandonaron la comunidad de Monterde, del municipio de Guazapares. En la misma situación estaban más de 100 habitantes de esa región y por ello, se creó el colectivo que no tuvo eco en los tres niveles de gobierno para lograr que les devolvieran sus propiedades, privando la impunidad con que operan los grupos delictivos a lo largo de la Sierra Tarahumara.

Tampoco pudo el colectivo, pese a una serie de denuncias, que las autoridades frenaran el reclutamiento de jóvenes, casi niños, a quienes convierten en sicarios y hacen trabajar como jornaleros en la siembra de droga.

En diferentes oportunidades, Cruz Soto y otros miembros de la organización civil se entrevistaron con funcionarios estatales y federales para que enfrentaran a los criminales. Nada cambió.

En marzo de este año, el activista había exigido la atención de su caso a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría General del Gobierno y a la Fiscalía General del Estado. A la luz de los hechos, tampoco hubo reacción alguna.


Un éxodo hormiga…

En total, 338 mil personas han sido desplazadas de sus regiones en el país, según el registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que así lo contabilizó en el periodo de 2016 y 2018, a causa de la creciente violencia en los últimos años.

Contexto en el cual, se hace evidente la vulnerabilidad de cientos de comunidades asentadas en la región de la Sierra Madre Occidental, en particular el área llamada el “triángulo dorado” en la zona limítrofe de Sinaloa, Durango y Chihuahua, lo que ha provocado un éxodo constante y que en el transcurso de años, ya se remite a cientos de familias afectadas.


Lista negra de impunidad

No sólo denunciar la violencia, exigir el cumplimiento de la ley sobre la tenencia de las tierras y defender los derechos humanos son causa de riesgo para los activistas en la entidad.

También lo representan temas relacionados con el medio ambiente como las denuncias contra la tala de árboles y el creciente mercado clandestino de madera, así como la enajenación ilegal de pozos de agua.

Por ello, en marzo pasado, el informe de “Políticas integrales de protección de personas defensoras de derechos humanos”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) situó a Chihuahua, el estado más peligroso para los activistas.

Sobre la base de que en los últimos diez años, 27 activistas han sido asesinados en la entidad.

No obstante, a esa cifra habría que añadirle dos casos más, ocurridos en mayo de este año, cuando una mujer y su hijo, Otilia Martínez y Gregorio Chaparro, fueron victimados en una ranchería del municipio de Guadalupe y Calvo; una de las zonas más críticas para activistas indígenas que defienden el derecho de sus tierras. Y ahora, el de Cruz Soto Caraveo.

De acuerdo con la CIDH, la mayoría de los homicidios en la entidad permanecen en la impunidad y no hay acciones coordinadas entre las autoridades y los tres niveles de gobierno para garantizar una política integral de protección.

“En Chihuahua nos falta caminar mucho para garantizar la integridad de defensores de derechos humanos y periodistas”, dijo Ricardo Neves, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la presentación del informe, luego de recordar los asesinatos de la periodista Miroslava Breach y el ambientalista Julián Carrillo, sucedidos el 23 de marzo de 2017 y el 24 de octubre de 2018, respectivamente.

En la presentación del informe, Garance Tardieu Ziolkowski, oficial de programas de Amnistía Internacional (AI) México, indicó que no hay una respuesta por parte del gobierno federal y local a los riesgos que enfrentan los defensores y que tampoco hay voluntad política para crear una política integral de prevención y protección.

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