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¿Y por qué la Guardia Nacional a las presas?

No debiera sorprender si están a cargo de aduanas, el nuevo aeropuerto, hospitales COVID, Banco del Bienestar y hasta repartir libros de texto


Por décadas en las poblaciones rurales de México, la opción para muchos jóvenes fue sumarse a las filas del Ejército; hoy en día, quienes aspiren a ingresar a las filas castrenses necesitarán de entrada, ser suficientemente versátiles para perseguir a huachicoleros y narcotraficantes, así como corruptos en Aduanas y Puertos Marítimos, además de contener a los migrantes, asistir en desastres naturales –incluyendo la pandemia por el COVID-19—, distribuir libros de texto, hacerse cargo del nuevo aeropuerto, el tren maya y las sucursales del Banco del Bienestar, y de paso, resguardar instalaciones federales como las presas.

Así ha venido delineando el presidente Andrés Manuel López Obrador, su política de seguridad pública y lo que él entiende por Estado de Derecho, acumulando obligaciones a las fuerzas armadas, relegando a las corporaciones policíacas y asumiendo que la purga al interior de éstas, es caso perdido, en su óptica.

No debiera sorprender que en esa estrategia de militarización hacia múltiples frentes, si el gobierno federal ordena el cumplimiento de un pago de agua a Estados Unidos, para ello enviara a Chihuahua, primero a militares y después a elementos de la Guardia Nacional a encapsular la presa La Boquilla, del municipio de San Francisco de Conchos.

En pleno reclutamiento, quienes aspiren a ser parte de la corporación, deberán ser tan versátiles como para responder a la militarización de todo el quehacer en el país

“Saque a la Guardia Nacional de las presas del estado, particularmente de La Boquilla y envíela a Ciudad Juárez para combatir a la delincuencia… Aprovechando que ya están aquí, encausaría su verdadera función”, le mandó decir ayer el gobernador Javier Corral al Jefe del Ejecutivo.

Pero no se advierte que ocurra, ni siquiera porque en los enfrentamientos que se han generado a lo largo de nueve meses, entre los productores y los efectivos castrenses desde que comenzaron las protestas por el desfogue de las presas, ya provocó el ataque a una pareja de nogaleros, tras lo cual la mujer murió y el hombre continúa hospitalizado.

Según se ha confirmado por los agricultores y las autoridades estatales, incluso llegó este jueves, un convoy militar que se reagrupó en la represa de Las Pilas, en el municipio de Camargo y en la presa Las Vírgenes, del municipio de Rosales.

El ánimo entre la ciudadanía no es por ello, de bienvenida a los elementos militares, lo que hace recordar el año de 2008, cuando el gobierno de Felipe Calderón envió a 5 mil soldados, más los 2 mil que ya estaban en territorio chihuahuense para sitiar Ciudad Juárez, en un momento que la frontera registraba hasta 15 ejecuciones por día y la ciudadanía los recibió con mariachi en el aeropuerto. Dos años después, los fronterizos exigían su retirada porque el baño de sangre se combatió con más sangre y los atropellos contra civiles estaban a la orden del día y se decretó su salida.

Un símil en la provocación que ha resultado ahora con la estrategia de López Obrador para demeritar el movimiento cívico que defiende el agua de Chihuahua, mediante declaraciones y ataques mediáticos, y por otro lado, apostando al Ejército y la Guardia Nacional a resguardar las presas.

A la luz de los hechos, la interacción castrense con la ciudadanía no ha sido ni es la fórmula eficaz para resolver problemas sociales.

Aún así, la tónica del gobierno de la 4T es militarizar prácticamente todas las actividades productivas.

El mensaje que este día emitió el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, no deja lugar a dudas.

A propósito de los disturbios suscitados el martes pasado en La Boquilla y la permanencia de los productores en la presa del municipio de San Francisco de Conchos, el funcionario reiteró lo dicho por el presidente, al considerar que “los agitadores del movimiento de agricultores eran corruptos y mentirosos… Han venido repitiendo una y otra vez que se van a quedar sin agua, todo para proteger intereses corruptos de exgobernadores y de políticos que se han beneficiado con la sobreexplotación del agua”.

Secundado por el director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Carlos Andrés Morales Mar, quien refirió que el incendio generado este miércoles en la Central Hidroeléctrica en La Boquilla, causó daños por 100 millones de pesos, ya que se afectó la maquinaria en los cuartos técnicos y de control.

En la rueda de prensa, en la que también estuvo presente Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) se denunció que por la noche unos manifestantes ingresaron a esas instalaciones para sacar al personal de CFE y quemar el equipo.

Precisamente cuando ocurría el siniestro, los productores recalcaron que unas personas ajenas al movimiento cívico, se habían metido al área pero no podían verlas, ya que sobrevino un apagón en cuanto anocheció y ni siquiera tenían señal para comunicarse por sus celulares.

Entonces, no parece que haya un punto de acuerdo por parte de las autoridades federales para concederle razón al reclamo de los agricultores, que ha sido replicado por la mayoría de los chihuahuenses y ha tenido eco a nivel nacional e internacional.

Tampoco se advierte que los elementos del Ejército y/o la Guardia Nacional salgan de las presas, lo que explica el rechazo mostrado por productores del Valle de Juárez, quienes a principios de esta semana bloquearon el tramo carretero Ahumada-Juárez, al reclamar la construcción de un cuartel en la región de Villa Ahumada.

Tanto que criticó al ‘espurio’…

La principal bandera que Andrés Manuel López Obrador ondeó en su más reciente campaña a la presidencia de la República, fue el ‘baño de sangre’ que dejó Felipe Calderón, como si en el sexenio de Enrique Peña Nieto la violencia se hubiera detenido en algún punto.

La militarización en las calles fue la consigna del entonces candidato y en cuanto se sentó en la silla presidencial, superó esa política por mucho.

Tras determinar que la Guardia Nacional reemplazaría a la Policía Federal, los casi 90 mil elementos que la conforman, provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de la Marina (Semar).

De ahí que hablar de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional es prácticamente lo mismo. A los policías, los reubicaron un año después, en el Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los miembros de la Guardia, a quienes se ofreció un sueldo de 19 mil pesos mensuales, más prestaciones de ley y seguro de vida, están distribuidos entre 81 cuarteles en un trabajo en conjunto de Sedena, Semar y la SSPC.

En múltiples ocasiones, los propios elementos han denunciado las condiciones deplorables en que los mantienen en esos cuarteles.

Sin embargo, deben estar prestos para vigilar ductos y detectar delitos como el “huachicoleo”, así como combatir el narcotráfico y la posesión de armas, y coadyuvar en operativos de seguridad pública.

Asimismo, asistir ante desastres naturales y en este sentido, el gobierno federal incluyó en este apartado la contingencia sanitaria por el coronavirus, de modo que los soldados debían instalar filtros sanitarios en carreteras y cuidar los hospitales COVID y entregar insumos médicos, además de otras labores sociales como distribuir actualmente los libros de texto.

También el resguardo de obras federales como el aeropuerto en Santa Lucía y el tren maya, los operativos para contener las caravanas de migrantes como las realizadas el año pasado. Asimismo, deberán vigilar las sucursales del Banco del Bienestar.

Otra tarea que el presidente endosó al mando castrense es la del programa Sembrando Vida y construir los cuarteles de la Guardia Nacional, así como asumir la operatividad de esa corporación por un plazo de cinco años, “hasta que pueda desarrollar su propia estructura, capacidad e implementación territorial”.

Además, desde julio de este año, también estarán a cargo de la vigilancia “anti-corrupción” en Aduanas y Puertos Marítimos.

Aún les falta, para el próximo año, la vigilancia de las elecciones, que representará la renovación completa de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.

En tanto, ya se les asignó el resguardo de instalaciones federales como las presas, al menos las de Chihuahua.

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